Malvinas: vence el ultimátum a Londres por el petróleo de Sea Lion y la Argentina va por el Tribunal del Mar

El conflicto por el petróleo en aguas de las Islas Malvinas entra en una etapa decisiva. Se cumple el plazo de dos semanas que el Gobierno argentino le dio al Reino Unido para frenar las actividades del proyecto Sea Lion, y la Cancillería se prepara para pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

El vencimiento no activa de forma automática ninguna instancia judicial. Según Infobae, la presentación todavía no tiene fecha definida y una primera resolución podría llegar en noviembre, aunque no es un plazo fijo.

Cómo empezó el ultimátum

El 28 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció que su gobierno iniciaba un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en torno a las islas. El planteo se apoya en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En paralelo, la Argentina intimó formalmente a Londres a adoptar medidas para impedir el inicio o la continuación de esas actividades en lo que considera su plataforma continental. El canciller Pablo Quirno confirmó que se notificó el inicio del arbitraje y advirtió que quienes exploren o exploten recursos sin autorización argentina enfrentarán consecuencias.

Qué es Sea Lion

Sea Lion es un proyecto petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La compañía israelí Navitas Petroleum controla el 65% y opera el desarrollo, mientras que la británica Rockhopper Exploration, que descubrió el yacimiento en 2010, tiene el 35%.

El plan incluye once pozos submarinos y una unidad flotante de producción. Las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027 y el primer petróleo, para 2028, con una capacidad inicial de unos 55.000 barriles diarios, que en fases posteriores podría ampliarse, según otros medios, hasta 125.000.

La postura argentina

El Gobierno sostiene que las empresas deben elegir entre operar en un territorio en disputa o hacerlo de manera segura y rentable en la Argentina. Quirno describió el caso como el primero en el que el país lleva ante un tribunal internacional los actos unilaterales británicos en la explotación de hidrocarburos.

La estrategia también apunta a las contrataciones. El 2 de octubre se informó que Halliburton confirmó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto, y Navitas reconoció que las acciones argentinas afectaron algunas contrataciones y que buscaba reemplazar a dos contratistas. Además, el Gobierno denunció a una empresa británica, Thales UK, por operar sin autorización la ruta aérea Malvinas–Punta Arenas.

La postura de las empresas y del Reino Unido

Del otro lado, las compañías aseguran que el proyecto avanza con respaldo de las autoridades de las islas. Rockhopper afirma que Navitas opera con licencias válidas otorgadas por el gobierno isleño y calificó las medidas argentinas de ilegítimas y sin justificación jurídica. Navitas dijo que no espera un efecto material adverso y que sigue adelante con el apoyo británico.

Rockhopper, además, siguió fondeándose: el 7 de octubre acordó pagar USD 44 millones por su participación en la sociedad dueña de la unidad flotante, y en septiembre había reunido USD 200 millones mediante ampliaciones de capital.

Qué puede (y qué no puede) hacer el tribunal

La Argentina no puede ordenar por sí sola la paralización del proyecto. Por eso buscará medidas provisionales según el artículo 290 de la CONVEMAR, que, de concederse, serían obligatorias para las partes. El arbitraje de fondo, en cambio, puede llevar años.

El punto más delicado es la competencia. El tribunal no decide sobre la soberanía de las islas, y Londres podría argumentar que el reclamo exige resolver antes esa disputa. Un eventual fallo, por lo tanto, no sería una definición sobre la soberanía.

Los antecedentes

El caso más citado es el de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012: la Argentina pidió medidas provisionales el 14 de noviembre y el tribunal ordenó la liberación el 15 de diciembre, cerca de un mes después. Otro antecedente es el de Costa de Marfil contra Ghana, en 2015, cuando una sala especial ordenó impedir nuevas perforaciones durante el proceso, aunque no aceptó suspender toda la actividad.

El especialista en derecho internacional Leopoldo Godio, del CARI, consideró que la estrategia es buena. Y en el plano institucional, el 1 de octubre la jurista argentina Frida María Armas Pfirter fue elegida vicepresidenta del tribunal, aunque los jueces actúan de forma independiente y su presencia no garantiza ventajas procesales.

El respaldo en las resoluciones de la ONU

El reclamo se apoya en la Resolución 2065 de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a negociar, y en la Resolución 31/49 de 1976, que pidió abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso siga pendiente. Esta última cumplirá cincuenta años en diciembre.