Ciudadanía argentina a USD 350.000 y campos sin tope para extranjeros: la combinación que puso al DNU 70 en la cuerda floja

Pocas veces dos decisiones tomadas en lugares tan distintos terminaron armando una tormenta tan perfecta. En Buenos Aires, la Corte Suprema dejó sin efecto el freno judicial que impedía la derogación de la Ley de Tierras. En París, días después, el Gobierno anunció que un extranjero podrá obtener la ciudadanía argentina a cambio de un aporte de 350.000 dólares. Sumadas, las dos noticias encendieron al Congreso y pusieron en riesgo la columna vertebral jurídica de la gestión de Javier Milei: el DNU 70/2023.

El resultado es un escenario de dos semanas de negociaciones al límite, con una sesión especial ya pedida para el 15 de octubre en Diputados, gobernadores que miden cada paso y una Casa Rosada que busca la forma de desactivar el conflicto sin traicionar su propio discurso.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70, que es el que eliminó la Ley de Tierras y sus límites a la compra de campos rurales por parte de extranjeros.

Un detalle clave, que varios medios remarcaron: la Corte no se pronunció sobre si el decreto es constitucional o no. El fallo se apoyó en una cuestión procesal, al considerar que el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para hacerlo. En la práctica, sin embargo, el efecto es el mismo: la derogación quedó firme y hoy no rigen topes para que extranjeros adquieran tierras rurales.

La decisión tampoco cayó bien puertas adentro del tribunal. Al día siguiente, Lorenzetti y Rosatti difundieron un comunicado aclaratorio sin la firma de Rosenkrantz, una señal pública de la tensión entre los tres jueces que hoy componen la Corte.

Mientras el fallo seguía generando repercusiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron el viernes en la Embajada argentina en París el Programa de Ciudadanía por Inversión, en el marco de la Argentina Week.

El esquema ofrece dos caminos para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional, o la compra de un título público de 800.000 dólares diseñado especialmente para el programa. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar 100.000 dólares cada uno, y por cada menor de 18 años el monto es de 25.000 dólares. Así, una familia de cuatro integrantes con dos hijos chicos podría obtener la nacionalidad por un total de medio millón de dólares.

Según la información oficial difundida por distintas agencias, las solicitudes empezarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026. Los fondos deberán ingresar por el sistema financiero formal y quedarán sujetos a controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Cada caso será evaluado por una Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad e Interior, y la decisión final quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Santilli defendió la medida al sostener que el país se abre a quienes quieran venir a invertir y producir. Medios internacionales la describieron como el primer programa de este tipo en Sudamérica, más cercano a los esquemas del Caribe —que suelen pedir entre 100.000 y 200.000 dólares— que a las llamadas visas doradas europeas, porque otorga la ciudadanía sin exigir residencia previa.

El problema político es la suma. Con la Ley de Tierras fuera de juego y la posibilidad de comprar la nacionalidad, la oposición instaló una lectura simple y efectiva: cualquier inversor con suficiente dinero podría hacerse argentino y, además, comprar tierras sin límite.

La diputada Florencia Carignano, ex titular de Migraciones, comparó la medida con la de pequeños países insulares que venden su ciudadanía, anunció un proyecto para derogarla y advirtió que podría traer problemas con la Unión Europea, que eventualmente podría exigir visa a los argentinos si personas de países que hoy la necesitan pudieran entrar a Europa con un pasaporte comprado.

La contradicción también incomoda al oficialismo, que en paralelo impulsa una ley de soberanía nacional con fuerte tono malvinero. Miguel Pichetto fue uno de los primeros en marcar públicamente esa tensión entre el discurso soberanista y la extranjerización de la tierra.

La reacción opositora fue veloz. Ocho bloques —entre ellos Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica— pidieron a Martín Menem una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14, con la firma de 32 diputados.

El temario tiene tres puntos: el rechazo del DNU 70/2023, un régimen para familias endeudadas y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La fecha no es casual: coincide con la nueva marcha federal universitaria, y la oposición apuesta a que la presión de la calle empuje a los indecisos.

Hay un dato institucional que explica por qué el decreto entero está en juego. El Senado ya rechazó el DNU 70 en marzo de 2024, y según la Ley 26.122 un decreto de necesidad y urgencia cae cuando lo rechazan ambas cámaras. Diputados nunca lo trató. Además, varios constitucionalistas sostienen que el Congreso no puede rechazar un DNU artículo por artículo: o lo aprueba completo o lo rechaza completo.

Para sesionar hacen falta 129 diputados presentes. Las cuentas difieren según quién las haga: algunos análisis estiman que a la oposición le faltan unos 12 legisladores en el mejor escenario, mientras que otros recuentos elevan esa cifra a 18. En cualquier caso, hoy no tienen el quórum asegurado.

En el oficialismo aseguran estar ocupados pero no preocupados: confían en que, aun si la oposición logra sentarse en el recinto, tienen los votos para proteger el decreto. La llave la tienen los gobernadores. Muchos estarían dispuestos a reponer la Ley de Tierras, pero no necesariamente a voltear todo el DNU, del que dependen decenas de desregulaciones.

Algunas provincias ya se movieron por su cuenta. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, cuya provincia tiene la enorme mayoría de su territorio en zona de frontera, instruyó a su fiscal de Estado para presentar acciones judiciales en defensa de sus tierras. En paralelo, Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para intentar reponer la ley y frenar operaciones de compra mientras se resuelve el tema.

En la Casa Rosada analizan opciones para desarmar el frente. La que más apoyo tendría entre los aliados es incorporar una nueva ley de tierras dentro del proyecto de soberanía nacional, en el que ya trabajan los equipos de Federico Sturzenegger y de Legal y Técnica.

La segunda alternativa es reflotar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción del Senado pero quedó cajoneado después de las protestas contra la extranjerización. La tercera, la más rápida, sería que el propio Milei firme un decreto que derogue el artículo 154. Pero eso tiene un costo: volvería a apoyarse en la misma herramienta frágil, el DNU, sin una ley que lo respalde.

Lo que está en discusión va mucho más allá de los campos. El DNU 70 desreguló, entre otras cosas, el mercado de alquileres, las tarjetas de crédito, las prepagas, buena parte del comercio exterior, la yerba mate y la actividad minera, además de liberar precios de combustibles. Si Diputados lo rechaza, todas esas normas derogadas podrían volver a regir, con un impacto difícil de dimensionar.

Por eso el oficialismo intenta separar las discusiones: una cosa es la Ley de Tierras y otra el decreto completo. La oposición, en cambio, insiste en que para recuperar los límites a la venta de tierras hay que voltear el DNU entero. Esa disputa de relatos se va a jugar en la opinión pública durante los próximos once días.

La paradoja es que todo esto estalló justo cuando el Gobierno intentaba mostrar fortaleza. En la Argentina Week de París, Milei consiguió promesas de inversión por unos 27.000 millones de dólares y se mostró acompañado por trece gobernadores, en un giro respecto de otros viajes en los que los mandatarios provinciales habían quedado relegados.

Pero la foto parisina se cruzó con un fallo inoportuno, un anuncio polémico y una oposición que, por primera vez en mucho tiempo, encontró un tema capaz de unir a sectores muy distintos. El 15 de octubre se sabrá si esa unidad alcanza para llenar las bancas o si el Gobierno vuelve a blindar su decreto más importante.