Vuelve la motosierra: el Gobierno prepara retiros voluntarios en el Estado y ya hay 74.000 empleados menos

La motosierra vuelve a encenderse. El Gobierno nacional tiene listo un decreto que pondrá en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados públicos, con el objetivo de seguir achicando la planta estatal. Según confirmaron fuentes oficiales, la norma se publicará en cuestión de días y las inscripciones comenzarían en noviembre.

La medida fue diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, el área responsable de las reformas vinculadas con la dotación de personal del sector público.

El plan estará dirigido al personal civil de planta permanente de la administración pública nacional centralizada y de los organismos desconcentrados, es decir, las dependencias que forman parte de la administración central y no tienen personalidad jurídica propia.

En esta primera etapa, según trascendió, el esquema no incluiría a los organismos descentralizados, que tienen autonomía propia y sus propios regímenes.

El programa apunta especialmente a tres grupos de trabajadores. El primero está formado por quienes ya tienen la edad para jubilarse y cuentan con los años de aportes necesarios. El segundo, por quienes tienen edad jubilatoria pero todavía les faltan algunos años de aportes. El tercero, por empleados más jóvenes que quieran dejar voluntariamente la función pública.

Los montos que cobrará cada trabajador variarán según la situación y la categoría de cada uno, aunque los números definitivos recién se conocerán cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial.

En el Ejecutivo esperan que la convocatoria sea amplia y que, como mínimo, se anoten más de 1.000 personas. Es una cifra modesta si se la compara con el recorte acumulado en lo que va de la gestión, pero que el oficialismo presenta como una nueva etapa del ajuste.

El Gobierno ya aplicó esquemas similares en organismos puntuales. El caso más citado es el del INTA, donde se ofreció el pago equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del trabajador. En ese programa, 377 retiros fueron aprobados y otros quedaron en evaluación.

Según una estimación del propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la dotación total del sector público nacional pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores. Son 74.332 personas menos, una baja del 21,6%.

La administración pública nacional explica la mayor parte de esa caída: pasó de 233.098 a 181.880 empleados, con 51.218 desvinculaciones. En las empresas y sociedades del Estado, el número bajó de 110.259 a 87.145, una reducción de 23.114 puestos.

Dentro de la estructura nacional, la administración centralizada —ministerios, Presidencia y Jefatura de Gabinete— fue la que más se achicó en términos proporcionales, con una caída cercana al 33%.

Algunos casos muestran la magnitud de los recortes. Educ.ar pasó de 446 a 167 empleados, Contenidos Públicos de 234 a 103 y Casa de Moneda de 1.411 a 694. Solo entre julio y agosto de este año, 1.446 personas dejaron de trabajar para el Estado nacional, una contracción mensual del 0,5%.

La respuesta sindical no tardó en llegar. ATE rechazó el nuevo régimen, lo calificó como un mecanismo de despidos encubiertos y anticipó que podría impulsar medidas de fuerza si el esquema se generaliza.

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la reducción de la planta estatal es parte central del programa de equilibrio fiscal y aseguran que el proceso generó ahorros presupuestarios significativos.

La discusión de las próximas semanas girará en torno a la letra chica: cuánto cobrará cada trabajador, qué condiciones tendrá que cumplir para adherir y cuántos empleados finalmente decidirán dejar la administración pública. Todo eso quedará plasmado en el decreto que el Gobierno se prepara para publicar en los próximos días.