Después de semanas de rumores y desmentidas sobre un supuesto amague de renuncia en las autoridades del organismo, el PAMI confirmó un recambio importante en su cúpula: dejaron sus cargos Florencia Zicavo, síndica general, y Juan Cruz Montero, coordinador ejecutivo. Ambos habían llegado a la obra social de los jubilados con el aval de Santiago Caputo, después de trabajar en el Ministerio de Justicia hasta la llegada de Juan Bautista Mahiques.
Según fuentes oficiales, a Montero lo sucederá Verónica Pérez, hasta ahora al frente de la delegación del organismo en San Martín. Al igual que sus antecesores, la nueva funcionaria también llega bajo el paraguas de Caputo, que la acompañó personalmente en su presentación ante los equipos del PAMI, un gesto que puertas adentro se leyó como una señal clara de respaldo político.
¿Interna con Karina Milei?
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Cerca del asesor presidencial se encargaron de bajarle el tono a cualquier lectura conspirativa: aseguraron que los cambios no tienen relación con la irresuelta interna con Karina Milei. La versión oficial es que se trató de una transición ordenada y sin sobresaltos.
Sin embargo, puertas adentro del organismo circulaba otra lectura sobre la salida de Montero. Era visto por parte de la conducción —encabezada por Esteban Leguizamo y Carlos Zamporarolo— como una suerte de "interventor" que había generado más de un roce durante su gestión. La versión que circuló puertas afuera fue más amable: que dejó el cargo recién después de completar la transición, para dedicarse de lleno a su candidatura en las próximas elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield.
Zicavo, por su parte, presentó su renuncia a la sindicatura por motivos personales, sin que hasta el momento se haya confirmado quién ocupará su lugar.
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Un organismo bajo presión
El recambio se da en un contexto delicado para el PAMI, que enfrenta reclamos de prestadores médicos y una situación financiera cada vez más comentada puertas adentro del Gobierno. Con Verónica Pérez al frente de la coordinación ejecutiva y la sindicatura todavía vacante, el organismo que asiste a más de 5 millones de jubilados y pensionados encara una nueva etapa marcada por la impronta de Santiago Caputo, que consolida así su influencia sobre un área sensible de la gestión libertaria.