A horas de que Javier Milei suba al estrado de la Asamblea General de la ONU, el conflicto por Malvinas volvió a escalar. El gobierno de las islas, con el respaldo explícito de Londres, extendió por cinco años todas las licencias vigentes para explorar y explotar petróleo en la zona, con opción a dos años más.
La Cancillería argentina respondió con una nota de protesta formal ante la embajada británica y calificó la medida como una violación al derecho internacional y a la soberanía argentina sobre la plataforma continental.
El canciller Pablo Quirno, que viaja junto al Presidente en la gira por Nueva York, advirtió que el país seguirá "accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas" contra las empresas y directivos que operen sin autorización en el área.
La ampliación de licencias no fue lo único que irritó a la diplomacia argentina: las autoridades isleñas también aprobaron que la petrolera israelí Navitas Petroleum se quede con una porción mayoritaria de un área exploratoria pegada al megaproyecto Sea Lion, el yacimiento offshore más importante de la zona.
El Gobierno argentino sostiene que esas actividades violan la resolución 31/49 de Naciones Unidas, que pide no introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía, además de las leyes locales que penalizan la exploración de hidrocarburos sin permiso argentino.
En ese marco, la Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ya había ordenado a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas que se abstengan de avanzar con obras vinculadas a Sea Lion.
La tensión llegó hasta la propia ONU: el primer ministro británico, Andy Burnham, dedicó parte de su discurso ante la Asamblea General a remarcar que el Reino Unido "se mantendrá firme" ante cualquier amenaza a los territorios británicos, "como es el caso de las Malvinas".
Quirno le respondió horas más tarde desde el mismo foro, al insistir en que el Reino Unido "ocupa ilegalmente" las islas y en que la Argentina mantiene "plena disposición" para reabrir una negociación bilateral por la soberanía.
Milei, por su parte, había declarado ante medios franceses que los británicos "deberían devolver" las Malvinas a la Argentina, en línea con la batería de anuncios que el propio Presidente hizo a comienzos de septiembre para endurecer las sanciones contra las empresas que operan en la zona en disputa.
El trasfondo geopolítico se completa con Donald Trump, que en las últimas semanas había dejado trascender que Washington podría revisar su histórico respaldo a Londres en el conflicto. Burnham confirmó que se reunió con el mandatario estadounidense en Nueva York y que hablaron del tema, aunque sin dar mayores detalles.
Para la Argentina el momento no es menor: la disputa vuelve a primer plano justo cuando Milei tiene previsto hablar ante los líderes mundiales este miércoles, con Malvinas como uno de los ejes centrales de su discurso.
La Cancillería ya anticipó que evalúa nuevas sanciones administrativas, civiles y hasta penales contra las compañías y directivos que sigan operando sin autorización en el área en disputa.
Con Londres respaldando la extensión de las licencias y Buenos Aires prometiendo redoblar la ofensiva legal, la pulseada por el petróleo austral suma un nuevo capítulo a una disputa que ya lleva más de cuatro décadas sin resolverse.