La mafia del iris: el millonario fraude biométrico que estremece a la Justicia Argentina

 La Justicia Federal desarticuló una compleja estructura criminal que combinaba la captación de personas en situación de vulnerabilidad con tecnología de última generación para llevar a cabo una estafa millonaria. La banda está acusada de recolectar escaneos de iris de miles de ciudadanos con el único fin de crear identidades digitales falsas, las cuales eran utilizadas para ingresar al sistema financiero y lavar más de $27.000 millones de pesos originados en casinos virtuales ilegales.

El caso dio un giro de alto impacto institucional tras la detención de una funcionaria del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Según los investigadores, esta persona cumplía un rol clave en la organización: coordinaba la logística para reclutar a personas de bajos recursos, ofreciéndoles sumas de dinero en efectivo a cambio de someterse al escaneo de sus ojos y la entrega de sus datos biométricos.

Una vez obtenidos los datos, la red criminal registraba cuentas bancarias y billeteras virtuales "fantasma". A través de esta red de usuarios falsos, la organización lograba atomizar y mover miles de millones de pesos diarios, burlando los controles del Banco Central y de las entidades de prevención de lavado de activos. El dinero, según confirmaron fuentes judiciales, provenía directamente de plataformas clandestinas de juego que operan sin autorización en el país.

Este operativo reavivó el debate en Argentina sobre la seguridad y el destino de los datos biométricos. Las autoridades recordaron que este modus operandi criminal se suma a las controversias preexistentes en torno a empresas internacionales como Worldcoin, la cual sigue bajo la lupa de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) por la recolección masiva de iris en la vía pública a cambio de criptomonedas, un fenómeno que encendió las alarmas por la falta de transparencia en el tratamiento de información tan sensible.

La causa penal continúa abierta bajo estricto secreto de sumario mientras los peritos informáticos analizan los dispositivos secuestrados para determinar el alcance total de los damnificados y el destino final de los fondos remanentes.