"¡Dame el celular!": el robo que terminó con un chico de 14 años sobreseído y una jueza en la mira del Gobierno

Todo empezó el 10 de septiembre con una tentativa de robo en flagrancia. Uno de los chicos del grupo le gritó a la víctima, un hombre de 47 años, que le diera todo y le diera el celular. El hombre no se quedó quieto: escapó y a los pocos metros le pidió ayuda a un policía de la Ciudad con el que se cruzó.

Los sospechosos no llegaron lejos. Los policías los atraparon y poco después, en un rastrillaje, encontraron una réplica de arma de fuego que los chicos habrían descartado. Eran dos adolescentes de 16 años, uno de 14 y uno de 13, que por su edad es inimputable. Intervino la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño.
 
Lo que parecía un caso más terminó convirtiéndose en una prueba para la nueva ley penal juvenil. La norma rige desde el 5 de septiembre, apenas cinco días antes del intento de robo. 

La defensa pública del adolescente de 14 años planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley, el que bajó la edad de punibilidad a los 14 años. La jueza Laura De Marinis, del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, le dio la razón y declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley 27.801.
 
La magistrada aclaró que el fallo se aplica solo a este caso. El chico fue el único de los cuatro imputados sobreseído por esa declaración de inconstitucionalidad. La resolución, firmada el lunes, sostuvo que bajar la edad de punibilidad es regresivo y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional.

En su fallo, la jueza fue más allá de lo técnico. Planteó que los adultos no pueden castigar a los chicos por lo que ellos mismos no hicieron, es decir, por haberlos dejado desamparados en la primera infancia. Aclaró que no pretende romantizar la infracción penal juvenil y que entrar al sistema penal debería ser el último recurso, aunque en algunas vidas termina siendo el primero.

También tuvo en cuenta un informe psicológico del Centro de Admisión y Derivación, según el cual las conductas transgresoras del chico serían un intento de llamar la atención de un adulto o de una figura de autoridad que le ponga límites. Por eso concluyó que aplicarle una pena no era razonable ni proporcionado. En lugar del castigo penal, propuso que el Estado dé una respuesta social, con educación, contención y salud, a jóvenes cuyas vidas estuvieron marcadas por la vulneración de derechos básicos. 

La reacción política fue inmediata. Patricia Bullrich publicó en X que los jueces garantistas solo construyen impunidad. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el apoyo de La Libertad Avanza, puso en marcha un proceso para destituir a la jueza. 

Del otro lado, quienes defienden el fallo sostienen que la magistrada aplicó tratados internacionales con rango constitucional y que su decisión se limita a un caso concreto, sin anular la ley para todos. De Marinis juró como jueza en diciembre de 2023.

El caso abre un debate que recién empieza: ¿la nueva ley resiste en los tribunales o este fallo es el primero de muchos? Mientras tanto, el chico sobreseído deberá ser abordado por el sistema de protección integral. La discusión, seguramente, llegará a instancias superiores.